Ministra Parody, se rajó con el paro de maestros, calificación deficiente! 

Por Giovanni Agudelo Mancera

Lo primero que debemos decir de la ministra de educación Gina Parody es que no sabe sacar un promedio, parece que las matemáticas no son su fuerte, bueno es abogada, en teoría no tiene por qué saberlo, pero si debe asesorarse bien antes de salir al aire a decir, para seguir con las matemáticas, cosas inexactas. Según ella, un maestro gana en promedio $2.500.000, partiendo de la base que el sueldo más alto es de $5.670.000 y el más bajo de $1.000.000. La forma absurda en que ella saca dicho promedio, arrojaría, que multiplicando $2.500.000 por 330 mil, que es el número aproximado de maestros, nos daría lo que cuesta la nómina oficial de estos trabajadores, lo cual es totalmente disparatado, porque esa operación daría un resultado de $ 825.000.000.000 (ochocientos veinticinco mil millones de pesos), pero ella misma afirma que la nómina de los maestros es de 20 billones, lo que quiere decir que si dividimos esa cifra entre el número de maestros, así: $20.000.000.000.000 dividido 330.000 maestros = salario promedio de los maestros $60.606.060. Entonces, como dice una lectora nuestra, Jaqueline Rodríguez, quien también es maestra, ´´¿al fin qué?, nos ganamos dos millones y medio, o sesenta millones, mejor dicho, todas las cifras que da la ministra son falsas´´ Según ese ´innovador´ planteamiento de Parody, donde hace promedios simples y no ponderados, para salirse por la tangente, (ver diferencia promedio simple y promedio ponderado), y como circula satíricamente en las redes, si un ministro gana $21.045.411, y el salario mínimo es de $644.000, un colombiano gana en promedio $10.844.000. ´´Ahora sí salimos de la olla, gracias ministra Parody´´, así dicen los ´memes´ en internet. ´Meme´en redes a la ministra Parody Según nuestra amiga Wikipedia, la ministra Parody realizó sus estudios superiores en la Universidad Javeriana, obteniendo el título de abogada, y posteriormente, se graduó como ´´Especialista en Resolución de Conflictos´´ en la misma universidad´´ ¿Resolución de conflictos? ¡Por favor! Ni siquiera ha querido dialogar con los maestros. La arrogancia, imponencia y prepotencia de la ministra tiene a cerca de 9 millones de estudiantes sin poder ir a clase. Es tal su desconocimiento de la problemática de los maestros, que cada vez que sale a dar declaraciones, incurre en una, y en otra, y en otra, y en otra equivocación. 

Parece que a ella la asesora el enemigo, y el presidente, como es su talante, no sale a dar la cara, porque él no da puntada sin dedal, sabe que le incumplió a los docentes, que les prometió esta vida y la otra para lograr su reelección y ahora se esconde detrás de la ministra, y es ella la que está perdiendo caudal político. Lo que hizo Parody en el Sena con la mano, lo está echando a la borda con el codo, con su desempeño en el ministerio, al no atender, como es debido, las peticiones justas de los maestros. En cualquier país desarrollado y agradecido los maestros tienen salarios justos, porque son ellos quienes educan a los niños y jóvenes, que serán los que tomarán las riendas de su nación, acá en Colombia es todo lo contrario, los docentes reciben salarios de hambre, pensiones miserables y se les castiga porque enseñan a nuestros hijos. Los maestros ganan el 28 por ciento menos de lo que se le paga a otros funcionarios del gobierno del mismo nivel y de igual calificación. Santos al incumplirles e ignorarlos, y la ministra de educación al pretender callarlos, amenazándolos con no pagarles, demuestran su estirpe neoliberal y lo arrodillados que están ante los mandamientos de la OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

Ese ´cuentico chino´ que el presidente le apuesta a la educación pública no es cierto, su política solo apoya la educación privada. Como dice el senador Jorge Robledo, la educación debe ser universal, y para ser universal debe ser pública y gratuita. El concejal Yesid García también tiene razón cuando dice que la ministra debe negociar en medio del paro, si el gobierno habla con las FARC en medio de la guerra, ¿por qué no lo va a ser con los docentes en medio de la protesta? En este momento, si se hiciera una encuesta, la favorabilidad de la ministra está como los sueldos de los maestros, por el piso, si tenía pensado ser alguna vez alcalde de Bogotá, ¡que se olvide de eso!, posiblemente regresará al senado cuando Santos la saque del ministerio por la puerta de atrás, pero allá su voz se apagará, como no se apagará la voz de los maestros, a ellos se les debe escuchar, se les debe respetar, se les debe nivelar y se les debe promover. ¡No se les debe amenazar, intimidar o ignorar!. 

Cualquier especialización que los docentes tengan que hacer para ascender debe pagarla el gobierno, cualquier postgrado, maestría, o lo que sea, la debe asumir el estado. No es justo que los docentes, con salarios de hambre, tengan que pagarle a las universidades privadas sus doctorados, para que esas instituciones hagan su negocio, y recibir así los maestros un ascenso con un aumento miserable. Se les quiere evaluar, pero no se les brinda la educación necesaria para progresar. 

El gobierno a FECODE no le para bolas, y los planteamientos de esta agremiación son serios, argumentados y datan desde hace más de medio siglo. A nuestros gobernantes no les interesa que la educación sea gratuita y de calidad, porque la gente ya no ´tragaría entero´, y estaría preparada intelectualmente para dar la batalla en cualquier sector y no permitiría que el país se lo repartan los que tienen acceso a las grandes universidades, los delfines, los hijos de los politiqueros de siempre o la descendencia de los dueños de los monopolios económicos.

 ¡Que Santos y la ministra no tomen más del pelo a los maestros! prometiéndoles incrementos y nivelaciones con una reforma constitucional que es imposible de hacer, por lo menos en el mediano plazo, y mientras tanto, ¿qué los maestros sigan aguantando hambre?, ¿y los estudiantes dejando de estudiar por causa de los paros? Está visto que en Colombia se le escucha más a los narcoterroristas que a los docentes, que quienes cometen delitos de lesa humanidad tienen más privilegios que aquellos que dedican su vida con sacrificio y vocación a enseñar a nuestros hijos Un lector nuestro, Héctor García, dice lo siguiente acerca de cómo la ministra ha manejado el paro de maestros ´´Con este paro de maestros se va desenmascarar a la verdadera Parody. 

Con el tema de la San Martin, pudimos constatar lo mal informada y las imprecisiones que decía cada vez que daba una declaración, lo que pasaba es que la opinión que se tiene sobre esta universidad es tan mala que nadie controvertía lo que decía la ministra; Ahora con los educadores la situación es muy diferente, se va a ver una funcionaria con una excelente prensa, pero que a la hora de actuar y opinar es muy mediocre y poco efectiva. Su poco capital político lo va a perder´´ A propósito de capital político, otro lector, José Sánchez, nos escribe, ´´ El tres veces aspirante a la alcaldía de Cali, Francisco Lloreda, se quemó porque se metió con los maestros´´. 

Santos, con su política neoliberal está llevando el país al traste, con sus promesas incumplidas, con su ego y su necesidad de recibir un premio Nobel, no importa a qué precio, negociando la agenda del país con delincuentes y despreciando e ignorando a los docentes, está logrando despertar la indignación de los colombianos, y la ministra Gina Parody, con ese estilo arrogante, imponente y prepotente, está siguiéndole el juego al presidente, sin calcular el daño que está haciendo a su propia imagen, que en honor a la verdad, no era tan mala, hasta que se montó en este bus del ministerio de educación, del cual, repetimos, se bajará por la puerta de atrás, porque conociendo al presidente y su proceder, cuando ella no le sirva más le dirá algo más o menos así ´Suerte es que le digo´´ Para terminar, ¿no les parece amigos lectores que muchos de nuestros senadores se disfrazan de ser la ´voz del pueblo´ hasta que se les ofrece y aceptan un cargo público, como es el caso del ahora ministro del interior Juan Fernando Cristo o la ministra Parody? Llegan a esos puestos y se les olvida su discurso a favor de quienes los eligieron y se vuelven los mejores nuevos amigos del presidente. ¡Que ironía y que paradoja! La Parody con calificación sobresaliente como senadora y directora del SENA y DEFICIENTE como ministra. ¡NADA PILA! Ministra. P.D. ¿Y el ministro Lucho Garzón por qué no interviene? Se supone que viene de la esencia trabajadora Cerramos con esta frase que nos envía otro lector, Álvaro Díaz,

 “La educación es lo que queda después de que se ha olvidado lo aprendido en la escuela. Albert Einstein.

¿Por qué el ataque de las FARC?

Nadie se explica por qué las FARC, después de importantes avances en el proceso de paz, atacaron al Ejército. ¿Acto deliberado, disidencia o insensatez?

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SIN EXPLICACIONES - El ataque sorpresivo en Cauca dejó en entredicho el cese del fuego declarado por las Farc en diciembre. Soldados sacan los cuerpos destrozados de sus 11 compañeros el miércoles pasado. Foto: Oswaldo Páez - El país

La lluvia y el cansancio hicieron que el sargento segundo Diego Benavides y su destacamento de soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Apolo se refugiaran el martes en la noche, como lo venían haciendo desde hacía cuatro días, en el polideportivo de la vereda La Esperanza, en un paraje conocido como Buenos Aires, a las puertas de la región del Naya, en Timba, Cauca.

El cielo, completamente oscuro, se iluminaba de vez en cuando por los relámpagos de una tormenta eléctrica que, al parecer, hizo que los centinelas abandonaran sus puestos de combate, y le sumaran al error de acampar en una instalación civil, el de bajar la guardia. Los soldados dormían en sus sacos de campaña, confiados en el cese del fuego unilateral que desde diciembre decretaron las FARC.

Sin embargo, a las 11:30 de la noche una lluvia de plomo les cayó encima. Según los sobrevivientes, el efecto sorpresa fue tan grande que resultó difícil reaccionar en términos militares efectivos. El combate duró pocos minutos. Pasada la medianoche, junto al humo, el olor a pólvora y los gritos de angustia, quedaron tirados en el piso los cadáveres despedazados de 11 soldados y otros 17 heridos. También dos guerrilleros cayeron muertos. El país entero expresó su estupor e indignación ante una emboscada sangrienta e incomprensible que nadie ha podido explicar.

Consciente de esto el presidente Juan Manuel Santos reaccionó en forma inmediata. Anunció que reanudaba los bombardeos que hacía pocas semanas había suspendido. No faltaron por supuesto los clamores de que lo que tocaba era pararse de la Mesa de La Habana. En todo caso, todo el mundo coincidía en que el proceso había quedado gravemente herido.

Otra cosa clara desde el primer momento es que no se trató de un choque accidental sino de un ataque a mansalva. La Fuerza de Tarea Apolo estaba desde febrero en esa área, buscando laboratorios de cocaína y desactivando campos minados. Esta tropa también había seguido el rastro de Chichico, un guerrillero de la columna Miller Perdomo de las FARC, que se escondía entre esas montañas con no más de 20 guerrilleros. Aunque eran pocos, para compensar esa desventaja numérica recurrieron a la sorpresa y técnicas de infiltración nocturna que en argot militar se conocen como pisa suave.

¿Por qué este ataque?

Más allá de la indignación que causó este asalto el gran interrogante es por qué las FARC lanzaron este boomerang. Con ese ataque todos los propósitos inmediatos de esa organización guerrillera se ven hoy mucho más lejanos que antes. Esos objetivos eran básicamente tres: 1) no ser bombardeados; 2) un cese al fuego bilateral, y 3) cero cárcel. Dado el estado de la opinión pública, la presión del uribismo y la encrucijada en la que quedó el presidente, por ahora ninguna de esas cosas se ve viable. Para que esas circunstancias cambien se requeriría mucho tiempo y no es seguro que los colombianos estén dispuestos a concederle esto al proceso. La impresión colectiva en este momento es que Santos trató de desescalar el conflicto y el ataque de esta semana saboteó ese propósito.

Está descartado que la orden haya sido dada por la cúpula de las FARC en La Habana, pues iría en contra de sus propios intereses. Iván Márquez y sus hombres han dejado en claro que su prioridad era precisamente ese desescalamiento y en los últimos meses habían hecho concesiones importantes en la búsqueda de esa meta.

De lo anterior se podría deducir que se trata de una disidencia y el secretariado de las FARC no tiene completo control de sus tropas. Esta hipótesis, aunque suena lógica, es poco probable. La mayoría de los analistas conocedores del tema coinciden en que la reacción que han tenido las FARC ante ese episodio demuestra que ellos responden por quienes cometieron el ataque. En vez de reconocer que se trató de un error, insisten en que fue acto de legítima defensa y aseguran que no viola el cese de hostilidades. Según le dijo Pastor Alape a SEMANA, “El Ejército avanzaba sobre el campamento guerrillero, y ese día, en helicópteros, desembarcaron más tropa en otro punto del terreno, con el propósito de cerrar el cerco contra las unidades guerrilleras”. Esto no convierte el incidente en un acto de legítima defensa, y en cambio el hecho de que asuman la responsabilidad de la emboscada confirma que no hay una disidencia.

Un paso adelante, dos atrás

Después de este episodio queda claro que, si el presidente se encuentra frente a una encrucijada, las FARC tienen una igual o más grande. Los dos grupos de negociadores de La Habana ya se tienen confianza y comparten la preocupación de que un caso como el de la semana pasada haga que el país pierda la poca credibilidad que tenía el proceso.

Las conversaciones de paz empezaron bajo fuego y eso, aunque le dio munición a la oposición, hizo tolerables ciertos hechos de violencia pues se suponía que La Habana y Colombia eran mundos independientes y que nada de lo que ocurriera fuera de la Mesa de diálogo afectaría el rumbo de esta. 

Esa regla del juego se rompió cuando en noviembre el general Rubén Darío Alzate fue secuestrado en Chocó y Santos suspendió la negociación. Paradójicamente, ese hecho se convirtió en una oportunidad para acelerar el proceso, cuando la guerrilla decidió liberarlo sin mayores exigencias, de manera rápida y sin arrogancia.

En medio de ese nuevo clima, el 20 de diciembre las FARC decretaron un cese unilateral del fuego indefinido, aclarando que suspendían acciones ofensivas, pero se reservaban el derecho a la defensa. 

En ese momento el presidente calificó ese gesto como una rosa con espinas. Era obvio que el objetivo era poner al gobierno contra la pared para llevarlo a un cese bilateral del fuego. El gobierno ha dicho que eso no es viable por razones estratégicas, pues en el territorio hay otros grupos armados diferentes a las FARC que ponen en jaque la seguridad de las regiones. También hay razones políticas. Entre los militares hay temores e incertidumbres que no se han logrado disipar, y el uribismo ha tomado el discurso de la seguridad como su bandera contra el proceso de paz. Un cese bilateral anticipado sería darle la razón tanto a los militares escépticos, como a Uribe.

Pero también hay razones propias de la estrategia de la negociación que hacen difícil un cese bilateral. La experiencia internacional demuestra que las treguas, si no se hacen cuando un proceso de paz está muy maduro, se convierten en fuente permanente de conflicto y desconfianza. Cada incidente termina por consumir los esfuerzos de los negociadores, y por enredar los temas de fondo de la agenda.

Además, ninguna tregua bilateral es viable si no es verificable y es ahí donde está el problema. Se requeriría que los guerrilleros se concentraran en uno o más puntos donde puedan ser supervisados por entidades nacionales o internacionales. Eso lo aceptaría el gobierno como una iniciativa unilateral de la guerrilla, pero las FARC no estarían dispuestas a hacerlo antes del cese bilateral.

A pesar de todas estas dificultades, sí se habían dado pasos hacia un desescalamiento que acercaba cada vez más la posibilidad de llegar a un acuerdo. En primer lugar, un grupo de generales activos están sentados frente a frente con los jefes guerrilleros, hablando sobre desminado humanitario y dejación de armas, diálogo que según ambas partes es bastante fluido. Segundo, el general Mora se reintegró a la Mesa de conversaciones sin traumas, luego de una pequeña tormenta con el gobierno. Tercero, el gran apoyo internacional que tiene la negociación quedó ratificado en la Cumbre de las Américas.

Esos elementos crearon la sensación errónea de que el proceso estaba de un cacho y en un punto de no retorno. Algo que, según las FARC han insistido, no es cierto. Todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre los temas duros como la justicia, la modalidad del desarme y las garantías de que no los matarán después de que entreguen las armas. Y mientras esto se define, siempre existirá la posibilidad de casos aislados como el de la semana pasada que ponen en riesgo todo el proceso.

Mal cálculo

Adelantarse con un cese unilateral para presionar a la contraparte, como lo hicieron las FARC, sin negar que es un gesto de buena voluntad, también resultó ser un error de cálculo. Quienes hacen seguimiento al conflicto, como Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, y Jorge Restrepo, del Cerac, reconocen que las acciones armadas de las FARC han disminuido sustancialmente, y que el cumplimiento del cese se acerca al 95 por ciento. Sin embargo, la ofensiva militar del Ejército no ha bajado. El propio ministro de Defensa dice que las tropas han golpeado a varios mandos medios en las últimas semanas, entre ellos, al jefe del frente 57, conocido como Becerro.

En esas circunstancias ellos mismos no tienen cómo pedirles a los guerrilleros que aguanten la ofensiva por mucho tiempo, sin disparar. Este es el motivo por el que posiblemente el secretariado, sabiendo que este ataque en Cauca es un error tremendo, ha tratado de justificarlo. Pero aunque ese mensaje les cae bien a sus combatientes, cae muy mal en un país que no les cree, y que considera que no han hecho todavía ningún acto de contrición.

El cese unilateral también tiene el problema de que cualquier violación que ocurra, por aislada que sea, es leída como una inaceptable traición a su palabra. Más aún cuando no hay garantías de que episodios como el de los soldados del Cauca no se repitan. “Nuestro mayor deseo es que no se vuelva a presentar un hecho más de guerra, pero es muy complejo afirmar categóricamente que no ocurrirán nuevas situaciones como esta, debido a las órdenes emitidas por el señor presidente de sumar más muertes en las filas guerrilleras por acción de las Fuerzas Militares”, dice Alape.

Todo esto aleja la posibilidad de que el presidente Santos acepte un cese al fuego bilateral, lo cual no había sido descartado en la medida en que hubiese más gestos de buena fe por parte de las FARC. En cambio se empieza a abrir un escenario indeseado y es que las FARC rompan su tregua y se vuelva a negociar bajo fuego. En la práctica, eso pondría en crisis todo el proceso. Porque una cosa era conversar por encima de los muertos al principio de esta historia, y otra 30 meses después, cuando crece la sensación de que no hay avances sustanciales en la negociación desde hace un año.

La lección que deja este conato de crisis es que hay un desgaste fuerte en la opinión y que, si el tiempo de los diálogos no se acelera y se concretan hechos significativos de paz, la retórica y el misterio que rodean las conversaciones no aguantan más.

De hecho la idea de que hay que ponerle un plazo perentorio a un acuerdo se ha ido imponiendo entre diversos sectores políticos. El mismo Santos quien le había propuesto esto a la mesa de Unidad Nacional antes de la tragedia de la semana pasada, acaba de anunciarla públicamente. Pero aunque la medida es muy popular, ponerle plazos a un proceso de esta naturaleza podría producir la ruptura definitiva por incumplimiento de los tiempos cuando las cosas iban bien, o la firma de afán de un acuerdo frágil cuyo contenido es inconveniente o insostenible en el largo plazo.

Este es un momento donde se requiere un gesto grande de buena voluntad de la guerrilla, para recuperar el terreno perdido. Un buen principio sería que las FARC en lugar de seguir justificándolo reconocieran su error y pidieran perdón al país. 

Cada hora son capturados 73 menores de edad en Colombia

Fiscalía y Policía piden revisión de sistema. Fugas, la constante en centros de reclusión.

Por:  EL TIEMPO | 

6:07 a.m. | 12 de abril de 2015

Foto: EL TIEMPO

El ICBF dice que en los últimos dos años 1.100 menores se fugaron de centros de reclusión.

Ocho veces ha ingresado este año un menor de edad al reformatorio en Barranquilla por el delito de hurto, y el año pasado otros tres lo hicieron al menos en nueve ocasiones.

En Bogotá, unos gemelos asesinaron a tiros y puñal a un taxista que se resistió a que le robaran, en agosto pasado, el dinero producido durante un día de trabajo. En La Vega (Cundinamarca), un joven de 15 años sigue siendo el principal sospechoso de asesinar y desmembrar a un pequeño de tan solo 7 años. Y hace ocho días, 31 adolescentes formaron una escalera humana y saltaron los muros del centro El Redentor, en el sur de la capital. De ellos, 21 fueron recapturados tras un intenso operativo. (Lea: Icbf investigará fuga de menores del centro El Redentor)

Esa es parte del panorama de la delincuencia juvenil, cuyo tratamiento es una bomba de tiempo y que aún no ha sido objeto de un profundo debate. (Vea también: Este año ya van 7.326 menores aprehendidos)

Los registros de capturados (o aprehendidos, como legalmente son reportados) arrojan que desde el 2011 se mantiene la tendencia de entre 60 y 70 por día. Aunque este año las cifras podrían aumentar.

En lo corrido del 2015, un poco más de 7.300 jóvenes han sido puestos a disposición de jueces del Sistema Penal Adolescente. Y el año pasado fueron 24.357, la gran mayoría por hurto, tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, lesiones personales y tráfico o porte de armas.

“Esa presencia de menores tiene una incidencia importante en la situación de inseguridad del país. Empiezan con pequeños delitos y al ver que pueden obtener beneficios por su edad siguen delinquiendo, amparados por un manto de impunidad”, dice el director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González.

La Policía calcula que los menores tienen una participación del 9,8 por ciento en el total de delitos cometidos en el país. Por eso, con la Fiscalía, planteó una revisión urgente sobre las penas, el manejo y estado de los 34 sitios de reclusión para los menores infractores.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó, en su último informe sobre los reclusorios que tiene a cargo, que allí permanecen unos 3.500, y que en los últimos dos años 1.100 menores se han fugado. Los centros más afectados son los de Bogotá y Cali.

Para el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, una de las razones de las fugas masivas y amotinamientos es la debilidad en los sistemas de seguridad y en el control de los centros; pero, sobre todo, la permanencia de jóvenes que, aunque ingresaron siendo menores, hoy superan los 21 y 23 años.

La Defensoría del Pueblo dice que incluso tiene documentados casos de personas de 25 años que llegaron a los reclusorios siendo mayores para pagar o completar penas por hechos que cometieron antes de los 18 años. “En El Redentor hay 210 muchachos, de los cuales 127 ya son mayores de edad. La falta de infraestructura física hace que no sean separados, por lo que representan una mala influencia sobre los menores”, dice José Manuel Díaz, defensor delegado para la Política Criminal y Carcelaria.

Estudios, en marcha

Frente a esa situación, la Policía inició con el ICBF un estudio para determinar cuántos de los más de 3.500 menores detenidos deben pasar a un centro de reclusión para mayores de edad.

Para eso, trabajan en un análisis del perfil criminal de estos jóvenes, que son los que usualmente protagonizan las fugas y amotinamientos. “Estas personas deben ir a un centro diferente, sea una cárcel o un establecimiento especial, pero no pueden seguir en el mismo lugar con los menores de edad”, afirma el general Palomino.

Al tiempo, la Dirección de Protección de la Policía comenzó un diagnóstico del centro El Redentor, en el sur de la capital, para proponer estrategias que mejoren las condiciones.

Por ahora, la propuesta de la Policía para todos los centros es que, además de la institución, el Inpec entre a capacitar a los tutores contratados por el ICBF en seguridad y programas de resocialización. La Policía tiene la misión de garantizar a seguridad en el perímetro de los centros de reclusión especial.

Por ejemplo, en Medellín, el ICBF reconoce que “hay problemas de tipo hidráulico, eléctrico, de infraestructura y de seguridad, para garantizar que los menores estén en unas condiciones dignas, que favorezcan el proceso educativo”.

Las autoridades esperan que la situación sea atendida antes de que termine en una crisis irreparable.

3 de cada 10 en centros especiales son mayores de 18

Además de las deficiencias estructurales, las cortas jornadas de educación y la escasez de programas de atención psicológica, que no permiten una adecuada resocialización, en los centros especiales de reclusión de menores hay otro factor que se suma a sus líos. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al menos 3 de cada 10 personas detenidas en estas correccionales ya son adultas, hecho que está contribuyendo en las constantes fugas.

Los mayores, algunos hasta de más de 25 años, siguen en estos centros porque entraron cuando tenían menos de 18, o fueron capturados cuando ya eran adultos pero los trasladaron a estas correccionales porque los hechos los cometieron cuando eran adolescentes.

José Manuel Díaz, defensor delegado para la Política Criminal y Carcelaria, explica que aunque la norma exige que menores y mayores estén separados, en la práctica esto no se está cumpliendo por las fallas estructurales de esos centros especiales.

A pesar de haber cumplido la mayoría de edad, los adultos siguen teniendo las restricciones de los adolescentes, a quienes les prohíben, entre otras cosas, las visitas conyugales. Esto, según Díaz, se ha convertido en la causa de las últimas fugas en Bogotá.

De otro lado, la oferta de educación es de solo ocho horas semanales, a pesar de que la norma indica que todos los días los menores deben estudiar ocho.

La Dirección de Protección de la Policía afirma que otra de las debilidades de los centros es la falta de atención psicosocial para los jóvenes. “Aunque la mayoría de personas que llegan a estos centros tienen problemas de consumo de drogas, jamás son tratados”, dice.

Tan solo un 6 por ciento de los detenidos va a un centro de reclusión; los demás tienen medidas no privativas de la libertad, como libertad vigilada.

EL TIEMPO
Nación y Justicia.

Duros de incluir en el proceso de paz

por LEÓN VALENCIA

Los uribistas hicieron todo este ruido olvidando que Uribe había impugnado airadamente la designación de Mora y Naranjo en el equipo negociador .

Aprovechando los avances en las negociaciones de La Habana y atendiendo algunas voces de la oposición uribista que parecían inclinarse a participar en el proceso de paz, Santos hizo algunos movimientos para buscar que el expresidente y sus huestes, sin perder su actitud crítica, se avinieran a colaborar en esta etapa crucial de las conversaciones. No fue posible. Otra vez el ala más dura del uribismo se impuso y cerró las puertas.

Las negociaciones habían dado un gran salto con la decisión de las FARC de realizar un cese el fuego indefinido y cumplirlo; con el compromiso de no reclutar menores de 17 años; con el acuerdo para empezar el desminado en algunas zonas del país; con la llegada de un grupo de militares en servicio activo para iniciar la discusión del cese bilateral de hostilidades, y convenir los protocolos de la desmovilización y el desarme una vez se firme el acuerdo final; con la iniciativa de la comunidad internacional, encabezada por España, de establecer un fondo fiduciario para apoyar el posconflicto en Colombia.

Algunas de estas iniciativas habían sido reclamos de Óscar Iván Zuluaga y de Marta Lucía Ramírez a lo largo de la pasada campaña presidencial, y ellos seguramente comprendían que con sus críticas habían ayudado a perfilar un final del conflicto con mayores exigencias para las guerrillas. De ahí que el procurador Alejandro Ordóñez empezara a hablar de un “Pacto para la paz” y que Luis Carlos Restrepo, Carlos Holmes Trujillo y Marta Lucía empezaran a vislumbrar algún respaldo al acuerdo final.

Entonces, Santos decidió la conformación de una Comisión Asesora de la Paz e invitó a Zuluaga, a Holmes Trujillo y a la excandidata Ramírez a participar en ella. También se reunió con Ordóñez para intercambiar ideas sobre las negociaciones y saber en qué consistía el pacto de paz. Marta Lucía aceptó la vinculación a la comisión, y el Centro Democrático no descartó de plano su participación y conformó un grupo de trabajo para elaborar un documento donde fijarían su posición sobre el momento que vive el proceso.

La sorpresa vino después. A mediados de marzo otra vez los uribistas dedicaron largas horas a meter cizaña entre las Fuerzas Militares, y el Centro Democrático hizo público el documento producto de sus deliberaciones internas con una posición que no deja lugar para ningún tipo de acercamiento a las negociaciones de La Habana.

Se aprovecharon de algunas disensiones en la delegación del gobierno en La Habana, y del desconcierto que generó la dedicación de los generales Mora y Naranjo a una labor pedagógica entre la fuerza pública, orientada a explicar los acuerdos y a disipar los grandes temores que suscita el final del conflicto entre los militares.

Difundieron por todos los medios la versión de que habían sacado a la fuerza a los generales de las negociaciones, señalaron que esto significaba otra afrenta a la fuerza pública. Protestaron en declaraciones y columnas. Tres militares retirados designados por Acore para hacerle sugerencias a Mora renunciaron a la actividad, y lo hicieron ante Santos que no había tenido nada que ver en su designación.

Hicieron todo este ruido olvidando que Uribe había impugnado airadamente la designación de Mora y Naranjo en el equipo negociador en septiembre de 2012. En ese entonces dijo en Washington: “Los generales, cuando estaban sirviendo, daban órdenes a la tropa para combatir a los terroristas, mientras ahora se sentarán a la Mesa con ellos”. Olvidando también que, recientemente, cuando designaron a los oficiales en servicio, dijeron que era un acto ilegal del presidente.

Pero la carga mayor contra el proceso de La Habana vino en un texto leído por Alfredo Rangel, otrora militante de la izquierda radical, en el que, contrario a toda evidencia, señala que las negociaciones de paz han servido para incrementar el conflicto y la inseguridad, para fortalecer militarmente a las FARC y entregarle grandes porciones del territorio nacional.

Un documento de cuatro puntos en el que, al final, hace la descabellada propuesta de empezar de nuevo el proceso exigiéndole a la guerrilla que entregue las armas, se concentre en un sitio y se disponga a revisar los acuerdos alcanzados en el punto agrario, el narcotráfico, la participación política y las víctimas. Retroceder todo y prolongar la negociación, hasta que la guerrilla concentrada en un lugar y sin armas declare su rendición y vaya a la cárcel. Gran aporte del sector más intransigente del uribismo que deja sin aire a Zuluaga, Restrepo y Holmes Trujillo.

Nota: Los ‘elenos’ son otros duros de incluir en la paz. Un sector empeñado en lo militar ganó la mayoría en el quinto congreso y se apoderó de la Mesa de negociación, y ahora se niega a establecer en la agenda que, de lograrse un acuerdo final, la consecuencia lógica es la dejación de las armas.